Publicado el 30/05/2025 por Administrador
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El gobierno de Grecia ha dado un giro radical a su política migratoria con la aprobación de un nuevo proyecto de ley que elimina la regularización por arraigo y endurece significativamente las sanciones para quienes se encuentren en situación irregular en el país. La reforma, impulsada por el gabinete del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, será presentada formalmente ante el Parlamento durante el mes de junio.
Hasta ahora, los inmigrantes que acreditaran una residencia continua de al menos siete años en Grecia podían solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias o de integración social. Esta vía, conocida como regularización por arraigo, ofrecía una esperanza para miles de personas que, aunque sin papeles, llevaban años construyendo su vida en el país. Pero con la nueva normativa, esta posibilidad será eliminada por completo.
“El mensaje es claro: quien esté ilegalmente en Grecia no se legalizará nunca, ni obtendrá un permiso de residencia”, declaró de forma tajante el ministro de Migración, Makis Voridis. Sus declaraciones marcan un antes y un después en la política migratoria del país, tradicionalmente tensionada por su posición geográfica como punto de entrada hacia Europa.
Además de cerrar la vía del arraigo, la reforma contempla penas mucho más severas para la entrada o permanencia irregular en el país. A partir de su aprobación, este tipo de infracción será considerada delito penal, con una condena mínima de tres años de prisión y una multa de al menos 10.000 euros. El endurecimiento de las sanciones incluye la imposibilidad de suspender o conmutar dichas penas.
Otro de los puntos más polémicos es la extensión del periodo de detención administrativa para inmigrantes en situación irregular. Actualmente, Grecia permite la detención por hasta 18 meses, pero la nueva ley eleva ese máximo a 24 meses. Según el gobierno, esta medida busca desincentivar la permanencia prolongada sin documentación y facilitar los retornos, ya sean voluntarios o forzosos.
El ministro Voridis defendió la legislación como una herramienta necesaria para "fortalecer el sistema de retorno" y garantizar que permanecer en el país sin papeles no sea visto como una vía hacia la regularización, sino como una ruta hacia sanciones penales. No obstante, la propuesta ha sido recibida con fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y defensores de los migrantes.
Las asociaciones temen un aumento en la marginalización de las personas migrantes, la sobrecarga del sistema judicial y penitenciario, así como una potencial violación de derechos fundamentales, al criminalizar con dureza la simple permanencia en el país.
La reforma llega en un momento de creciente presión migratoria en Europa, con gobiernos de distintos signos políticos endureciendo sus posturas frente a la inmigración irregular. Grecia, en tanto, parece alinearse con esta nueva corriente, priorizando la disuasión y el control por encima de las políticas de integración.
El debate parlamentario sobre la ley se anticipa intenso, y podría definir no solo el futuro inmediato de miles de migrantes en Grecia, sino también el rumbo de la política migratoria en el contexto europeo.
