Publicado el 29/06/2025 por Administrador
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La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, representante del movimiento Revolución Ciudadana, ha reabierto la controversia postelectoral al exigir una auditoría completa del proceso comicial realizado en abril. En declaraciones recientes, sostuvo que las elecciones estuvieron marcadas por “fraude técnico, operativo e institucional” y denunció irregularidades que, según ella, afectaron directamente los resultados.
González centró su acusación en el uso de “tinta transferible” en los bolígrafos provistos durante la jornada electoral. Según su testimonio, esta tinta permitiría la alteración de las papeletas después del sufragio, una situación que —a su juicio— amerita una investigación forense sobre todos los materiales utilizados, incluidas papeletas, urnas y actas de escrutinio.
La excandidata calificó su denuncia como un deber “cívico y patriótico”, afirmando que lo hace no por interés personal, sino en defensa de la democracia. Pese a que su partido no presentó una impugnación formal de los resultados, González se ha mantenido activa en foros públicos, medios de comunicación y redes sociales, exigiendo transparencia y una revisión independiente.
El actual presidente reelecto, Daniel Noboa, obtuvo oficialmente el 55,63 % de los votos, en una jornada que fue calificada como libre y transparente por la misión de observación de la Unión Europea. El informe del bloque, además, señaló que no se encontraron evidencias de manipulación ni fraudes generalizados. Opinión que también fue respaldada por observadores de la Organización de Estados Americanos.
Frente a esos pronunciamientos, González respondió que las misiones internacionales solo estuvieron presentes en zonas limitadas y que “no vieron lo que pasó en el resto del país”. Argumentó que su equipo técnico tiene pruebas documentadas que serán presentadas ante instancias nacionales e internacionales, aunque hasta el momento no se han revelado los nombres de los peritos responsables ni los resultados de dichos análisis.
Desde el propio movimiento Revolución Ciudadana, algunos sectores han mostrado cautela. Aunque respaldan la solicitud de auditoría como un derecho legítimo, varios líderes han reconocido el resultado y han optado por centrar sus esfuerzos en la reorganización partidaria de cara a futuros procesos.
En su discurso, González también cuestionó el papel del Consejo Nacional Electoral, al que acusó de falta de imparcialidad. Señaló que hubo decisiones administrativas sospechosas y denunció vínculos políticos entre ciertos funcionarios del organismo y el actual gobierno.
La insistencia en el relato del fraude ha generado un clima de tensión entre los seguidores del correísmo y los votantes del oficialismo. Mientras unos piden respuestas claras, otros acusan a la excandidata de desconocer la voluntad popular.
Con su demanda de auditoría, González busca reposicionarse políticamente y mantener viva la narrativa de una elección manipulada, una estrategia que, aunque polarizante, parece apuntar a consolidar una base crítica frente al gobierno y a posicionarla como figura central de la oposición.
