Publicado el 23/06/2025 por Administrador
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Una nueva crisis de seguridad sacude a Colombia. El Ejército Nacional confirmó este lunes que un total de 57 uniformados —cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales— fueron retenidos por civiles en el departamento del Cauca, una acción que las autoridades consideran un secuestro instrumentalizado por las disidencias de las FARC.
Los hechos ocurrieron en dos puntos distintos. El primer incidente tuvo lugar el sábado en el municipio de El Tambo, donde los militares fueron rodeados por una multitud. El domingo, otro grupo fue interceptado en la vereda El Plateado, una zona controlada históricamente por la columna móvil Carlos Patiño, una facción armada que rechazó el proceso de paz de 2016 y mantiene vínculos con el narcotráfico.
Según el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, estos actos no fueron espontáneos. “Se trató de una operación planeada por las disidencias, que usan a la población como escudo humano. Es un secuestro disfrazado de protesta civil”, denunció. Las tropas fueron rodeadas por al menos 200 personas, muchas de ellas bajo amenazas, lo que dificulta una operación directa de rescate.
Las autoridades indicaron que los militares permanecen retenidos en diferentes viviendas de la comunidad, y que hasta el momento no se ha registrado ningún herido. El general Erik Rodríguez, comandante en la zona, aseguró que todos los uniformados están en buen estado y bajo vigilancia constante.
El presidente Gustavo Petro condenó los hechos con firmeza y lanzó un llamado directo a las comunidades del Cauca: “No sigan órdenes de quienes están destruyendo al país. Las disidencias no representan al pueblo, representan intereses ilegales y violentos”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, activó una operación de contención y anunció recompensas por información que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro. También confirmó que hay órdenes de captura vigentes contra los cabecillas de la columna Carlos Patiño.
La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) ya han sido desplegados en la zona para actuar como mediadores e intentar lograr una liberación pacífica de los uniformados.
Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la delicada situación del Cañón del Micay, un corredor estratégico para el tráfico de cocaína y uno de los territorios donde el Estado enfrenta mayor resistencia armada. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar la presencia institucional, las disidencias siguen ejerciendo control de facto en amplias zonas rurales.
Expertos en seguridad alertan sobre la evolución del conflicto: “Ya no se trata solo de ataques armados. Estamos viendo cómo las estructuras ilegales utilizan métodos de presión social para frenar a la Fuerza Pública. Es una estrategia híbrida que dificulta la respuesta militar”, explicó un analista del conflicto colombiano.
El secuestro masivo no solo representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, sino que refleja la complejidad del conflicto en territorios olvidados. Mientras tanto, la operación de rescate continúa, con un delicado equilibrio entre proteger a los militares y evitar un enfrentamiento con la población civil.
